El proyecto que el gobierno federal presentó a los legisladores asume implícitamente que no hay afectaciones educativas serias derivadas de la pandemia.
Recientemente Unesco, Unicef y el Banco Mundial compartieron tres estrategias puntuales para atender el desafío educativo que dejó la pandemia: a) hacer un diagnóstico de los aprendizajes afectados entre los estudiantes tras dos años de clases a la distancia; b) establecer rutas de recuperación y redirigir la enseñanza para centrarse en los aprendizajes imprescindibles; c) desarrollar estrategias puntuales para atender las afectaciones emocionales de los estudiantes y atenuar su impacto en su aprendizaje. En términos presupuestales, el gobierno del presidente López Obrador ha despreciado las tres estrategias. Para Mejoredu —el organismo que debiera coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación— se propone un presupuesto que es apenas un 66 % de lo que se destinaba para los programas de evaluaciones diagnósticas en 2017 del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Por ejemplo, no se contemplan recursos adicionales para recuperar trayectorias educativas en la expansión de la primera infancia, pese a que hay evidencia de su importancia para el desarrollo educativo de los estudiantes. https://www.milenio.com/nexos/los-pesos-de-la-educacion-la-propuesta-de-inversion-para-2023.
Con el proyecto de presupuesto de 2023, la SEP tiene 22 406 millones de pesos para distribuir: 19 446 millones provienen del incremento de los recursos que se le busca asignar y 2961 millones del recorte de cuatro programas educativos. En el caso de los programas sacrificados se encuentran las becas destinadas a educación superior bajo el Programa de Elisa Acuña,que tiene un recorte de 2622 millones de pesos; un recorte de 100 millones para los programas que dan presupuesto a las universidades, y la eliminación del programa de reconstrucción y de mantenimiento de infraestructura que aún administra el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).
De los recursos obtenidos, se propone dirigir 6 de cada 10 pesos a La escuela es nuestra. Con ello, el programa pasaría de un presupuesto de 14 662 a 27 000 millones de pesos: un incremento del 85 % de los recursos para una estrategia que apenas tiene cobertura en el 47 % de los planteles de educación básica del país y que no termina de consolidar los criterios de transparencia y rendición de cuentas para las responsabilidades de infraestructura, jornada ampliada y de alimentación que adquirió con la eliminación del programa Escuelas de tiempo completo.
A este monto se suman 3 de cada 10 pesos para incrementar la bolsa del problemático Programa de apoyos a centros y organizaciones de educación. Este programa lleva varios años siendo señalado por la Auditoría Superior de la Federación por gastar hasta 40 veces más del monto presupuestado. Por ejemplo, en 2017 el fondo tuvo autorización de 775 millones de pesos, pero terminó ejerciendo 31 804 millones; lo mismo sucedió en 2019, cuando de 728, ejerció 29 820 millones.
¿A dónde van estos recursos? De acuerdo con el mismo informe de la ASF en 2021, 9 de cada 10 pesos se están destinando a pagar la nómina educativa subsidiada de los estados; sin embargo, por ley, esos recursos deben ser pagados con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y deben reportarse cada trimestre con su comprobante de nómina. No sorprendería que, a falta de regulación, este fondo fuera un mecanismo para continuar con el pago indebido de personas relacionadas con los sindicatos pero que no ejercen actividades de docentes. Esto es aún más preocupante porque la ASF dejó de realizar los pases de lista en los centros escolares que permitían detectar cuando se incluía en la nómina a personal que no se localizaba en los lugares de trabajo.
El otro fondo ganador en el incremento presupuestal es el que se destina a las becas de educación media superior. Contra toda la evidencia documentada sobre el limitado beneficio educativo de incrementar becas si no se focalizan para privilegiar a quienes menos tienen y más lo necesitan —y se complementan con tutorías puntuales y acompañamiento docente para revertir afectaciones educativas de los beneficiados y así disminuir su probabilidad de abandono escolar—, la Federación apuesta por destinarle 6 % de los recursos disponibles (1 117 000 millones). Este programa ha aumentado en 17 puntos porcentuales las becas a los estudiantes más pobres y en 22 puntos porcentuales a los estudiantes más ricos del país; aun así, hoy hay 367 000 jóvenes menos en las aulas de educación media superior en nuestro país en comparación al inicio del sexenio del presidente López Obrador (la caída comenzó antes de la pandemia y se aceleró con ésta).
Como complemento se propone asignar 10 % de los recursos adicionales a otros tres programas. El primero es el Programa de expansión para la educación superior, que dejó de presupuestarse en 2022, y que parece recobrar vigencia para poder sostener los procesos de expansión y gratuidad de la educación superior. Eso sí, es un fondo que cada trimestre estará sujeto a dar cuenta de sus avances para mantener la matrícula. También le tocan recursos al Programa de subsidios para organismos descentralizados estatales, donde se obtienen recursos para las universidades estatales y, al Programa de universidades para el bienestar Benito Juárez García. Se propone asignarles 1476 millones de pesos a estas universidades, equivalente a un incremento de 37.3 %.
Para un gobierno que supuestamente pone al centro de sus esfuerzos a los pobres, resulta poco entendible el trato presupuestal que ha brindado al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Este organismo depende de la SEP y brinda servicios de educación comunitaria precisamente a las localidades de alta y muy alta marginación en donde no es posible establecer una escuela regular. Para el próximo año el gobierno propone incrementar los recursos del Conafe en 30 millones de pesos (1 %) para un total de 5731 millones, presupuesto inferior a los 6159 millones que se ejercieron en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
En resumen, un análisis global del presupuesto educativo apunta a que cinco programas sufren recortes, se proponen incrementos sustantivos para siete y 25 programas tendrán un ligero incremento o mantendrán los mismos recursos respecto a lo aprobado en el año anterior.
Las dos apuestas educativas del gobierno federal en términos presupuestales son La escuela es nuestra y las becas Benito Juárez. Sin embargo, tras más de dos años de afectaciones educativas derivadas de la pandemia, se esperaría que los recursos adicionales en materia educativa se destinaran a las cuatro r:
1. Recuperar las trayectorias educativas y asegurar su transición exitosa de la escuela al trabajo
2. Reconocer el estado de los aprendizajes con el que regresan los estudiantes
3. Redirigir el currículo a los aprendizajes imprescindibles y reforzarlos
4. Restablecer la interacción pedagógica y contener socioemocionalmente a los estudiantes para minimizar un mayor impacto en su aprendizaje
Pero si algo ha caracterizado a esta administración es su perseverancia en despreciar la evidencia para guiar sus decisiones de cómo ejercer los recursos públicos y potencializar su beneficio educativo. No sorprende, por ende, que sea en los rubros referidos donde se sienta la mayor ausencia de recursos en un momento en el que, además, se está impulsando una reforma curricular para los diferentes niveles educativos sin que se explique con rigor su importancia, sus características, o los rubros a los que se busca dirigir los recursos necesarios para su implementación.
Por ejemplo, la figura esencial en este proceso de recuperación son los docentes y directores de las escuelas, pero la propuesta de 2023 presenta una inversión de 195 pesos por docente para apoyarlos en su capacitación. Una bolsa demasiado pequeña para las necesidades que enfrentan hoy las maestras y los maestros del país y para las responsabilidades que la misma Federación se adjudicó tras la reforma de 2019 con La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En este rubro, la dignificación docente continúa con la inercia de años anteriores, mientras la autoridad olvida que, más allá de los discursos grandilocuentes, “caminar con las y los docentes” implica ofrecerles condiciones de desarrollo profesional digno. Así se los prometió en la reforma aprobada en 2019, pero con los recursos que busca asignar para 2023 reitera que en esta materia la palabra presidencial está lejos de honrarse en la distribución presupuestaria.
Recientemente Unesco, Unicef y el Banco Mundial compartieron tres estrategias puntuales para atender el desafío educativo que dejó la pandemia: a) hacer un diagnóstico de los aprendizajes afectados entre los estudiantes tras dos años de clases a la distancia; b) establecer rutas de recuperación y redirigir la enseñanza para centrarse en los aprendizajes imprescindibles; c) desarrollar estrategias puntuales para atender las afectaciones emocionales de los estudiantes y atenuar su impacto en su aprendizaje. En términos presupuestales, el gobierno del presidente López Obrador ha despreciado las tres estrategias.
Para Mejoredu —el organismo que debiera coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación— se propone un presupuesto que es apenas un 66 % de lo que se destinaba para los programas de evaluaciones diagnósticas en 2017 del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Por ejemplo, no se contemplan recursos adicionales para recuperar trayectorias educativas en la expansión de la primera infancia, pese a que hay evidencia de su importancia para el desarrollo educativo de los estudiantes.
Tampoco se identifica una partida presupuestal especial para financiar programas de tutorías o de acompañamiento docente que permitan complementar esfuerzos para alcanzar aprendizajes que no se desarrollaron en dos años de educación a distancia. Por ello, más allá de los videos conmovedores en los que la SEP y el SNTE llaman a su estrategia “Vamos por todos y todas”, en la propuesta presupuestal no se ubican recursos etiquetados para hacer efectivas acciones para recuperar a los 1 698 000 estudiantes menos que hoy hay en las aulas del país en comparación a cuando comenzó el sexenio.
Ante este panorama de carencia presupuestal y de distribución de los recursos ajena a privilegiar programas y acciones donde la evidencia muestra se podrían tener mejores dividendos educativos, las autoridades en los estados tendrán que reflexionar seriamente cómo canalizar los márgenes estrechos presupuestales que tienen para asumir su responsabilidad educativa.
También debe hacerse un llamado a los legisladores —en particular a los de Morena y sus aliados que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados— para analizar con seriedad la propuesta presupuestal y reasignar recursos para atender a la emergencia educativa. Sin embargo esto es sólo un buen deseo. La experiencia legislativa de cuatro años ha dejado claro cómo los legisladores ignoran evaluaciones del Coneval y desdeñan la información que aporta la Auditoría Superior de la Federación cuyas diversas auditorías advierten del malgasto y limitaciones serias en ejercicio del erario en materia educativa, por lo que las reasignaciones presupuestales en materia educativa que aprueban son menores. En términos sustantivos, los legisladores han confirmado la propuesta presupuestal del Ejecutivo federal cada año con cambios marginales.
El proyecto que el gobierno federal presentó a los legisladores para su “análisis” y eventual aprobación asume implícitamente que no hay afectaciones serias derivadas de la pandemia. Incrementa recursos a la educación, pero no para atender la emergencia en esta materia. Más que una lógica de política educativa a favor de la equidad y calidad de los aprendizajes, en las asignaciones presupuestales parecen predominar consideraciones del orden político-clientelar.
Su escudo es la supuesta entrega de dinero sin intermediarios que evita desvíos, aunque la ASF ha identificado que en en el programa La escuela es nuestra ha habido casos en los que servidores de la nación de la Secretaría del Bienestar intimidan a comités de madres y padres para hacer reparaciones con quienes ellos sugieren, bajo amenaza de pérdida de beneficios del programa. Se presume reiteradamente la entrega de recursos a través de becas no focalizadas, pero ni siquiera se da seguimiento a la trayectoria educativa de sus beneficiarios, tal y como ocurre con las becas Benito Juárez. Estas acciones evidencian a un gobierno que en los hechos perpetúa programas que impiden que la educación sea la escalera de movilidad social por excelencia. Lo que se conserva con esta lógica es la pobreza y desigualdad, minando aún más la posibilidad de desarrollo nacional. Un retrato del conservadurismo populista y clientelar de la autodenominada cuarta transformación nacional.
POR:
Marco A. Fernández
Coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa
Laura Noemi Herrera
Investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey e investigadora asociada de México Evalúa
INFORMACIÓN TOMADA DE:
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